Mientras cientos de miles hacen fila buscando ganar un baloto de $70 mil millones, el gobierno de Cali se concentra en el megabaloto de la adjudicación de la 'Autopista Bicentenario'. Las oportunidades de negocios, de 'ajustes' y 'reajustes', que abre un proyecto sin diseños, sin estudios serios, sin seguridad sobre los terrenos a usar, sin predios, con un estimado inicial de $300 mil millones, que ya va por medio billón y que acabará costando por lo menos un billón y medio, hacen que el baloto que hoy ilusiona a los colombianos parezca una chichigua. Por eso, esa licitación sigue a pesar de las muchas voces que solicitan su aplazamiento. Sólo resta entonces reseñar unos pocos de los innumerables desafueros en ella, por si algún día los entes de control deciden cumplir su misión.
Para iniciar, no existen los diseños claros y completos indispensables para que el proyecto tenga una estructuración técnica, jurídica y financiera adecuada y previsiva. Como tampoco hay estudios de tráfico serios con mediciones y proyecciones técnicas, ni información completa sobre las redes de servicios públicos a ser afectadas, ni evaluaciones sociales detalladas y, mucho menos, las licencias ambientales que debe obtener el concesionario.
Si se hace, la Bicentenario afectará muchísimos predios. Los plazos para su adquisición son absolutamente fantasiosos e ineludiblemente se presentarán tremendos sobrecostos por los retrasos en esas adquisiciones.
Adicionalmente, la Nación no le ha cedido a Cali el corredor férreo que se afectará y si lo hiciera, la entrega de predios nacionales es aún más demorada que la de particulares. El riesgo por la demora en esa entrega es del Municipio, con la consiguiente responsabilidad fiscal.
La legislación no prevé instrumentos para que los concesionarios les cobren a los evasores de peajes urbanos y el Municipio va a tener que asumir estos costos. La brevedad de los términos no permite propuestas serias. Son cuestionables los requisitos técnicos exigidos que además de crear confusión sobre el papel de inversionistas, constructores y operadores, sólo podrán ser cumplidos por firmas extranjeras (aunque no sería sorprendente la adjudicación a alguna firma nacional en consorcio con ciertas extranjeras, chilenas por ejemplo).
Para cerrar, la Bicentenario ocupa franjas que el POT había reservado para el sistema integrado de transporte masivo y el corredor interregional de transporte férreo público masivo de pasajeros y carga. Más allá de que es ilegal contratar la concesión violando el POT, la verdad es que éste es un proyecto de privatización cuestionable, que sin plena justificación social, económica y ambiental, busca entregar a particulares la explotación de una franja vital de Cali, que el POT había reservado para el beneficio de la movilidad urbana general de la ciudad, entendida esta de manera integral, no sólo como movilidad de vehículos particulares sino también como solución al transporte público colectivo de alta capacidad.
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Es tan corrupta la Registraduría y es tal el afán de evitar que Rodrigo Guerrero llegue a la Alcaldía de Cali, que no sería raro que, al efectuarse la verificación completa de las firmas que ordena la Ley, apareciera que 'manos oscuras' han cambiado las cajas con las firmas. Afortunadamente, Guerrero tuvo la precaución de escanear los documentos antes de entregarlos a esa turbia entidad.
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